El Gobierno continúa sin reaccionar a la demanda social y empresarial para la suspensión del impuesto al plástico
A pesar de que en las últimas semanas han crecido las informaciones que hablan de que el Gobierno podría suspender la entrada en vigor de esta medida fiscal que amenaza con agravar la situación inflacionista en España, tras el consejo de ministros la medida sigue sin paralizarse
(VALENCIA, 26-12-2022) AVEP, Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, se suma a las múltiples manifestaciones que, sectores como la el agro-alimentario, agrario, distribución, fabricantes y un largo etcétera, han hecho ya públicas en relación a la prevista entrada en vigor del llamado “impuesto al plástico”.
Una medida fiscal, que se ha recogido en la recientemente publicada Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y que va más allá de la trasposición de directivas europeas ni de cualquier otra medida que afecte a nuestros vecinos europeos.
El único país europeo que había regulado una medida similar ha sido Italia, y acaba de volver a posponer su efectiva entrada en vigor por tercera vez en el último año y medio, desde su aprobación. Esta decisión deja a España como único país de la unión europea que, contraviniendo el consenso europeo penalice a la economía nacional, introducirá una medida fiscal que penaliza el envase en lugar de promover el reciclado.
Si prevenir la generación de residuos está en manos de todos y por tanto, es responsabilidad de la cadena de valor al completo, una medida fiscal como esta afectará a todas las partes implicadas y eso sin duda, generará un deterioro para nuestra economía por su fuerte impacto inflacionista.
Según lamenta Cristina Monge (Secretaria General de AVEP) “Por si fuera poco, y a menos de escasos días de su potencial entrada en vigor, la orden ministerial que regula el procedimiento de aplicación del impuesto, no está aprobada y las dudas, y problemas de interpretación se acumulan en Hacienda. La inseguridad jurídica que esto provoca es algo que un gobierno no debería permitir y aún menos auspiciar. Esa es la realidad de un sector que trabaja por adaptarse a marchas forzadas a un contexto económico y regulador en permanente cambio”.
Otras manifestaciones:
Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, calcula que podría aumentar hasta un 2% el precio de los productos alimentarios, especialmente aquellos más baratos, donde “el envase es casi más caro que el producto en sí”, y un estudio elaborado por Acoplásticos hila todavía más fino: los detergentes y productos de baño sufrirán un incremento de entre un 3% y un 5%; el precio de las bebidas subirá entre un 3% y un 4% y el importe de los lácteos (leche, queso y yogur) crecerá entre un 1% y un 3%.
La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) advierte de que la medida puede suponer un coste de 5.000 millones de euros que deberán asumir las empresas del sector y recuerda que al impacto del Real Decreto hay que sumar otros 1.150 por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorpora en la ley de residuos.
Desde Asedas, la patronal nacional de los supermercados que agrupa a Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otros, se asegura que en la espiral inflaccionaria actual hay una diferencia sustancial entre lo que pasa en el campo, en la industria y en los supermercados. De este modo, señalan con datos de noviembre de este año, que los precios percibidos por los agricultores han subido un 33,2% mientras que el índice precios de la industria alimentaria ha avanzado un 21,2% y la inflación alimentaria se sitúa en el 15,3%. Desde Asucova, añaden el impuesto del plástico añadirá un punto más al IPC en 2023.